Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Además la Universidad, en un marco de mayor participación debe tender a la regionalización y salir de su ensimismamiento (centrada sólo en sus planteles educacionales) para vincularse de una mejor forma con la comunidad que la rodea, fomentando el desarrollo productivo y equitativo. Este es el rol publico que deben tener las instituciones educacionales, no importando su naturaleza tanto estatal o privada.
Por esto los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso exigimos:
Petitorio
Demandas a corto plazo
Ante todo el estado debe reconocer la condición universal y permanente de estudiante, en el lugar donde éste se encuentre.
Se deja claro que la TNE nace de una demanda histórica del movimiento estudiantil, en sus orígenes llamado Pase Único Nacional y no de una iniciativa gubernamental.
Respecto a los decretos, y teniendo en consideración lo acordado en el Zonal Quinta se demanda lo siguiente:
A- Congelamiento de tarifas hasta derogación del decreto 45. Esto por el alza excesiva de tarifas que este permite (210 pesos, 50% del valor de la tarifa adulta) y que no se condice con la calidad de vida y realidad económica de la familia chilena. Además porque contiene una clara discriminación en el trato tarifarío (RM 33% de la tarifa adulta) entre los estudiantes de la región metropolitana y de las demás regiones.
Además se exige la extensión del uso de la tarjeta para los 365 días del año y las 24 horas del día. Eliminándose del decreto 20 la expresión “Año escolar” que hoy restringe su uso sólo de Marzo a Diciembre. Entendiéndose la condición universal y permanente de estudiante planteado al inicio.
B- Rechazo absoluto al pase regional con beneficios entregado por el gremio microbusero, el cual sólo entrega la posibilidad de ocuparlo los fines de semana y el periodo estival, sin perjuicio de lo anterior las Federaciones de Estudiantes de Chile agrupadas en la CONFECH acordaron apuntar a un Pase único nacional, actual TNE que reconoce la condición universal y permanente del estudiante, es decir, contiene mayores beneficios que el actual pase entregado por los empresarios (la posibilidad de utilizarlo los 365 días del año y las 24 horas del día).
Demandas a largo plazo
Apuntamos a que la LOCE, es una parte fundamental en la grave crisis estructural que arrastra por años y sufre hoy el sistema educativo chileno. Este marco regulatorio por casi dos décadas ha permitido que el Estado se desvincule de un deber intrínseco con la educación, dejando la puerta abierta a un descarado lucro, sin preocuparse de las necesidades educacionales mínimas que requiere el país.
La LGE, que es aún proyecto de ley, constituye simplemente un mal maquillaje de la antigua ley, ya que no soluciona el fondo de la problemática, manteniendo nuevamente al Estado en una posición de mero espectador sin capacidad de conducción ni dirección en la educación chilena.
Por lo cual rechazamos la Resolución del CAP en relación con la Ley General de Educación, ya que no apunta a la total eliminación del lucro y no modifica completamente la percepción engorrosa y básica que se tiene de la antigua ley de educación.
Cabe mencionar que la actual LOCE y la nueva LGE son simplemente un reflejo de lo que establece la Constitución política sobre el rol del estado en la educación, que es mínimo. Debemos por tanto tener claro que el problema se encuentra en la llamada “libertad de enseñanza” (articulo 19, nº11 de la Constitución) que constituye la base jurídica del actual sistema y que en términos económicos puede asociarse al concepto de libertad de oferta. La libertad de enseñanza establece la posibilidad de abrir y mantener todo tipo de establecimiento educacional a cualquier persona, lo cual constituye la puerta de entrada al actual lucro en la educación.
La LGE no apunta tampoco al problema de fondo que sufre el sistema educativo chileno, el cual es la municipalización. Hoy las municipalidades tienen diversos deberes y funciones, dentro de las más importantes, la educación. Pero carecen del personal técnico preparado y del presupuesto necesario para enfrentar dichas tareas.
El informe final del CAPESUP prontamente se materializará en una LGE2 que regula a la Educación Superior. Este informe no contiene criterios determinantes para, y siguiendo la lógica de lo anteriormente expuesto, eliminar el lucro en la educación y por otro no asegura la efectiva democratización de las instituciones de Educación Superior.
La propuesta de largo plazo emanada en la Comisión tiene como fin la articulación de un nuevo Consejo que se distinga del anterior, principalmente por su composición (que sea representativa) y por su constitución (respetando la autonomía de los diferentes estamentos participantes). Esta comisión tendrá como objetivo proponer a las autoridades competentes una nueva Ley Orgánica de Educación, que salvaguarde los principios expuestos y resolver cualquier inconsistencia o contradicción que se genere en el marco educativo constitucional.
Las dos siguientes vías se discutieron sin llegar a consenso y se proponen para decisión de las asambleas:
A- Emplazar a la autoridad universitaria a declarar explícitamente su intención de abordar los problemas de fondo que dicen relación principalmente con el lucro y la democratización (expuestos anteriormente). Esto también incorpora una invitación al estamento de funcionarios no académicos a sumarse a la discusión acerca de la problemática en la educación superior. Esto con el objeto de que la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como conjunto, plantee en las instancias pertinentes y que estén a su alcance, la necesidad de analizar a fondo la crisis en la educación.
B- Definir una plataforma desde la CONFECH zonal Quinta que exija al Gobierno regional la articulación del consejo propuesto, para que sea la autoridad nacional quien genere todas las facilidades y se desarrolle por fin una discusión país, incorporando a todos los actores involucrados con la Educación (se entiende que la letra A se incluye y es complementaria con esta propuesta).
Esta propuesta de petitorio emanó de la comisión petitorio formada en la sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes del día martes 15 de Abril del presente año.
Integrantes:
Reinaldo Cáceres (Periodismo)
Christián Toledo (Ingeniería Comercial)
Fernanda Ortega (Educación Diferencial)
Roberto Vargas (Filosofía)
Jorge Sharp (Derecho)
Francisco Humeres (Ingeniería Comercial)
Mauricio Araneda (Presidente FEPUCV)
Ligia Gallardo (Secretaria Comunicaciones FEPUCV)
[1]Las resoluciones de esta comisión están basadas en los documentos emanados de las Convenciones del 2005 y 2007[1]
